Estados Unidos investiga las prácticas empresariales de OpenAI

Las autoridades estadounidenses mantienen bajo observación las actividades de OpenAI, enfocándose especialmente en sus procedimientos y políticas internas, en un contexto global donde el desarrollo y uso de la inteligencia artificial genera inquietudes regulatorias y éticas crecientes.

Investigación sin precedentes a OpenAI en EE. UU.

El panorama se complica para OpenAI. La compañía, referente mundial en inteligencia artificial, afronta ahora una investigación exhaustiva por parte de una coalición de fiscales generales estatales en Estados Unidos. Según revela el Wall Street Journal, la fiscal general de Nueva York habría solicitado a la empresa una amplia gama de documentos e información.

Un examen integral: desde la privacidad hasta la ética

Los responsables públicos no han dejado apenas ángulos sin explorar. Exigen conocer cómo OpenAI capta y retiene usuarios, cuál es su política con los datos –incluidos los relativos a la salud– y qué mecanismos aplica para proteger a menores y personas mayores que interactúan con sus sistemas. Se pide también claridad sobre el funcionamiento interno de sus modelos de deep learning, así como sobre su tendencia a mostrar complacencia o respuestas sesgadas frente a ciertos usuarios. Varios elementos explican esta decisión:

• Creciente preocupación por el impacto de los chatbots en menores.
• Casos judiciales recientes relacionados con daños personales.
• Aproximación inminente de la compañía al parqué bursátil estadounidense.

Tensiones previas y contexto judicial creciente

La presión sobre las grandes tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial no es nueva. El año pasado, cuarenta y cuatro fiscales generales remitieron cartas conjuntas a firmas como Meta, Google, Apple, o la propia OpenAI, instando a reforzar las garantías para proteger a los niños frente a posibles riesgos derivados del uso de chatbots. A ello se suman investigaciones penales abiertas recientemente, como la impulsada por el fiscal general de Florida tras un tiroteo en el campus universitario del estado, donde supuestamente se utilizó ChatGPT. Además, en los últimos meses ha llegado hasta los tribunales una demanda por “wrongful death” –muerte por negligencia– contra la empresa, acusada de no haber actuado ante advertencias suicidas comunicadas por un usuario al chatbot.

Estrategia prudente ante un momento clave

Mientras tanto, desde las oficinas centrales de OpenAI, reina la cautela. En vez de adoptar una postura confrontativa, fuentes internas aseguran estar colaborando estrechamente con las autoridades y subrayan su compromiso con un despliegue seguro y responsable de la IA. No parece casual que esta investigación salga a la luz justo cuando la compañía acaba de registrar documentación ante la Securities and Exchange Commission, preparando su esperada salida a bolsa. Así pues, todo apunta a que el calendario –y el clima regulatorio actual– jugarán un papel decisivo en los próximos pasos del gigante tecnológico.